viernes, 16 de abril de 2010

Venta de armas

Reacciones al reportaje Alta tecnología militar española a la venta en Israel
El fomento de la cooperación militar con Israel choca con una ley garantista
El Gobierno tiene la última palabra
15.04.2010 • Juan Luis Sánchez

Las principales organizaciones sociales que colaboran con el Gobierno para control de la exportación de armas han reaccionado contundentemente tras la información publicada en periodismohumano sobre acuerdo comercial entre una empresa española, Aries Ingeniería, y un proveedor del Ejército de Israel para la futura exportación de alta tecnología de vuelos no tripulados como los que Israel ha utilizado en recientes ataques sobre Gaza o Líbano.

Amnistía Internacional lo califica como “un caso muy grave y un ejemplo perfecto del problema al que nos enfrentamos”. Fundació per la Pau afirma que la venta de este tipo de material a Israel “ni sería sensata, ni sería legal”. Greenpeace advierte de que vender servicios de vuelo no tripulado a Israel “es cruzar una línea roja”. Estas organizaciones, con el resto de las que integran la campaña Armas bajo control, están meditando una declaración formal al respecto tras la publicación del reportaje.

La colaboración entre Aries Ingeniería y Goldtech Technologies está bajo el paraguas del acuerdo bilateral de cooperacion militar refrendado el pasado 16 de marzo entre los gobiernos de España e Israel para fomentar este tipo de alianzas en materia de Defensa. Jordi Armadans, de Fundació per la Pau, considera que “es una barbaridad que un país como Israel, que incumple sistemáticamente la legalidad internacional, que no respeta normas del Derecho Internacional Humanitario y que utiliza armas que están fuera del consenso internacional reciba acuerdos de cooperación militar por parte de estados que dicen impulsar la paz internacional”.
Políticas contradictorias y un marrón sobre la mesa

Cada uno tira de la cuerda para un sitio diferente. Defensa fomenta la colaboración entre empesas españolas e israelíes (algo que prohíbe por ejemplo con Irán). Comercio apoya planes de I+D en el sector de los sistemas de vuelos no tripulados, cuyo principal nicho de mercado, hoy por hoy, es el uso militar. Asuntos Exteriores hace gala de la reforma de la ley de armas, que en 2007 dejó satisfechas a las organizaciones sociales porque establecía unos requisitos claros para evitar que armamento español pudiera acabar empeorando conflictos en activo.

El marrón cae finalmente sobre la mesa de una comisión del Gobierno formada por varios ministerios, que se tiene que basar en una ley garantista para filtrar operaciones de venta de material de Defensa gestadas con un espíritu comercial. La presidenta de esa comisión es Silvia Iranzo, secretaria de Estado de Comercio, que en enero de 2010 viajó a Israel para un encuentro empresarial con empresas de tecnología y software. La primera compañía en el listado de la delegación española en ese viaje era Aries Ingeniería.

Aries Ingeniería está especializada en la fabricación total o parcial de sistemas de vuelo no tripulado, aviones manejados desde tierra como los que Israel utilizó en los ataques sobre Gaza en la Operación Plomo Fundido de hace algo más de un año y que fueron calificados de “crímenes de guerra” por Naciones Unidas. La empresa con la que ha alcanzado un acuerdo, la israelí Goldtech Technologies, tiene como clientes principales al Ejército y al Ministerio de Defensa de Israel.

“La empresa es libre de hacer los contactos comerciales que quiera“, dice Armadans en nombre de Fundació per la Pau, “aunque no debería ignorar cómo se utilizarían y qué impactos humanitarios tendrían sus productos si se vendieran a Israel. Por otro lado, debe ser consciente de que el Gobierno – por obligación legal – no puede ni debe admitir esta venta”. Amnistía Internacional, a través del responsable en estos temas, Alberto Estévez, exige “que los contratos de cada exportación incluyan una cláusula que garantice lo que dice la ley española, que ese material no se usará para la violación de derechos humanos o el derecho internacional”

Estévez pide al Gobierno que garantice “que no autorizará ninguna operación de exportación de material de uso militar entre esas dos empresas”. También se queja de que, a pesar de que tienen un contacto directo con el Gobierno en temas de control de armas, “intentar conocer las deliberaciones de esa comisión es como darse con la cabeza en un muro”. Las actas son secretas.

Mabel Bustelo, responsable de la Campaña de Desarme de Greenpace, pide “que el ministerio de Comercio se pronuncie” porque “si una empresa busca reprensentantes en otro país está claro que lo hace para vender. Si se llega a autorizar la venta de ese material a Israel, se habrá cruzado la línea roja en cuanto al control de armas”.

“No se puede presuponer”, advierte Alberto Estévez, “y menos aún en este caso tratándose de Israel y del historial de uso de estos materiales, que la tecnología exportada vaya a ir a usos civiles. En otros casos siempre está la ambigüedad de que la tecnología se ponga, por ejemplo, en un todoterreno para uso civil” y que luego a ese todoterreno se revenda “y se le añada una metralleta y se use en un conflicto. En este caso, por el país de destino, por el material y por las empresas que participan, no caben ambigüedades”.

Israel, como Marruecos o Colombia, forma parte de la lista de “destinos muy preocupantes” de armas fabricadas en España y que, para estas organizaciones, no cumplen los requisitos de la ley.
¿Cómo funciona la venta de armas?

¿No obedece al libre mercado? No solamente. La fabricación de armamento y la negociación con sus compradores sí corresponde a empresas privadas, pero la venta solo se produce con autorización directa del Gobierno. Existe una comisión, cuyas deliberaciones son secretas y cuyas decisiones se conocen hasta con un año de retraso, que depende del Ministerio de Industria y Comercio (no del de Defensa; no del de Exteriores) y donde también se sienta el director de Inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además de otros altos representantes de Interior o Defensa.

Las organizaciones de derechos humanos habían “acogido con satisfacción” la ley de 2007 que regulaba la venta de armamento porque, entre otras cosas, el artículo 8 explicita en qué casos se deben rechazar los acuerdos.

“Cuando existan indicios de que puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”

Como criterio para decidir, la ley establece que se tendrán en cuenta la información facilitada por “Naciones Undas, organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos humanos”. Esas organizaciones son las que hoy piden al Gobierno que detenga toda exportación militar a Israel.

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